El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó en el Parlamento que
los jueces "tampoco dan garantías" en materia de salidas transitorias, y
lo argumentó en que un recluso fue ultimado en el Cerro mientras gozaba
de este beneficio.
Eduardo Barreneche
El lunes 29, en la Comisión de Hacienda
integrada con Presupuesto de Diputados, Bonomi defendió el artículo del
proyecto de Rendición de Cuentas que faculta al Instituto Nacional de
Rehabilitación (INR, organismo que gestiona las cárceles) a autorizar
la salida transitoria de presos.
Estas salidas, dice el artículo 117 del proyecto de
Rendición de Cuentas del gobierno, se harán en el marco de programas de
rehabilitación vinculados a formación o trabajo. Es decir, el juez deja
de autorizar este tipo de salidas transitorias.
En la sesión de la comisión, Bonomi recordó que un
decreto-ley de 1975 autorizaba a las autoridades carcelarias a dar la
salida transitoria.
"Esta norma tenía debilidades porque una sola persona
-el director del penal- daba la autorización. En cambio nosotros
planteamos que una comisión integrada por quienes están encargados de
los tratamientos técnicos en cada institución, un representante del
Inacri y otro del Instituto Nacional de Rehabilitación otorgue esa
autorización" al preso, dijo.
El Instituto Nacional de Criminología (Inacri) es una
repartición del INR que se encarga de realizar un seguimiento técnico de
los reclusos.
Bonomi recordó que el pasaje de las autorizaciones de
las salidas transitorias de presos de la Policía a la Justicia Penal se
debió a un caso muy sonado que ocurrió en 1995 en Canelones. En ese
año, indicó, un delincuente cayó preso un martes y dos días más tarde,
el jueves, ya tenía una salida transitoria.
El recluso salió acompañado por un sargento. Ambos se
dirigieron a una inmobiliaria porque el preso iba a efectuar una estafa
mediante la venta fraudulenta de una casa en el interior del país.
Cometió el error de presentar al sargento como el gerente de la empresa
que representaba. La dueña de la inmobiliaria sospechó y les dijo que
volvieran el lunes. Entre el jueves y el lunes, el sargento y el preso
no volvieron a la cárcel, sino que fueron al Chuy y a Montevideo. El
preso cruzó a Brasil y desapareció.
La autoridad carcelaria y policial se enteraron de
esto mucho tiempo después, porque la esposa del preso denunció que lo
estaban sometiendo a malos tratos en el penal porque lo habían
capturado de nuevo.
"El juez de la causa ni sabía que se había fugado" al Chuy, dijo Bonomi en la comisión parlamentaria.
Enseguida agregó: "el Juez tampoco da garantías.
Porque un tiempo después un juez autorizó la salida transitoria del
(narco) Gustavo De Armas, que estaba preso en Lavalleja. Cuando iba para
su casa se le ocurrió pasar con el custodia, la señora y los hijos por
el Cerro, y allí lo mataron. Reitero que la autorización la había dada
un Juez. Entonces, las garantías no se dan por la institución que dé la
autorización, sino por cómo la da", insistió.
Con respecto a las salidas transitorias, Bonomi dijo
que hay magistrados penales que, por principios, no las otorgan a nadie
y que otros sí lo hacen.
En estos momentos el Ministerio del Interior ya
concretó varios convenios con instituciones oficiales y privadas. Hace
pocos días, firmó un acuerdo con el intendente de Durazno, Benjamín
Irazábal, para que los presos trabajen en obras municipales.
"La rehabilitación se produce trabajando afuera,
pero como no hay un criterio único, hay quienes no recibirían el
tratamiento de rehabilitación porque algunos magistrados no autorizan
las salidas", indicó.
A juicio de Bonomi, brinda "muchas más garantías"
que se dé la habilitación de la salida transitoria por medio de un
equipo técnico, con la autoridad del Instituto Nacional de
Rehabilitación, luego de estudiar caso a caso, sobre todo cuando los
presos salen con estos contratos laborales que, "afortunadamente, son
cada vez más".
Enseguida agregó: "es necesario asegurar que se
produzca el tratamiento y no permitir que alguien no salga porque un
juez dice que no lo autoriza".
Bonomi advirtió a los parlamentarios que no se trata
de salidas transitorias porque en esos casos, el recluso sale y no
tiene compañía. "Esto es una salida laboral. Hace tiempo que se están
realizando salidas laborales y los presos van acompañados", advirtió.
Consideró que sería conveniente que se agregue al
artículo 117 de la Rendición de Cuenta un texto que establezca la
obligación de que la decisión la tome un organismo colectivo del
Instituto Nacional de Rehabilitación y no una sola persona. "Por
supuesto -es obvio- cuando se toma la decisión hay que dar cuenta al
juez; no es que este se entere porque encontró a la persona trabajando;
eso hay que establecerlo", dijo.
El diputado blanco Pablo Abdala discrepó con el
artículo 117 y señaló que el único que puede brindar garantías en una
salida transitoria es el juez de la causa.
También criticó al gobierno por instalar este tema
complejo y que puede afectar la seguridad pública en la discusión de una
rendición de cuentas.
Bonomi replicó que la Rendición de Cuentas es una
ley y agregó que por eso el gobierno la presenta en el Parlamento. "Pero
se han discutido y aprobado textos más complejos que este. Pensamos que
perfectamente esto se puede hacer en la Rendición de Cuentas",
insistió.
Burocracia.
Además de la falla técnica de un magistrado que
otorgó la libertad transitoria a un narco que luego fue ultimado,
autoridades del Ministerio del Interior también recordaron en la
comisión parlamentaria que la elevada lentitud o la negativa de los
jueces de otorgar ese beneficio obstaculiza procesos de rehabilitación
de presos.
El director general de Secretaría del Ministerio del
Interior, Charles Carrera, indicó, en la comisión de Hacienda, que el
artículo 117 del proyecto de Rendición de Cuentas se refiere a "las
salidas transitorias" de las personas privadas de libertad por razones
de trabajo o estudio sean autorizadas por el Instituto Nacional de
Rehabilitación. "Es necesario agilizar el trámite a través del cual las
personas privadas de libertad pueden salir del establecimiento dentro de
programas de rehabilitación que posee el Instituto de Rehabilitación",
dijo.
Carrera recordó que, en este momento, la normativa
exige que se solicite autorización al juez para que la persona pueda
desarrollar tareas laborales o de estudio. "Modificar esta situación es
de importancia para desburocratizar la salida de la persona privada de
libertad del establecimiento por estos motivos", advirtió.
Señaló que las solicitudes de esta naturaleza
demoran "demasiado tiempo en concretarse" en las sedes judiciales porque
el trámite "no tiene prioridad" y, dado el desborde de trabajo de los
magistrados, deben "esperar meses" para que se puedan concretar las
actividades que están directamente relacionadas con el proceso de
reinserción social.
Jueces critican el nuevo régimen de salidas
Hasta 1990, la Policía decidía qué preso salía en libertad transitoria y qué preso no.
Luego de una serie de casos de corrupción de
jerarcas policiales que otorgaron salidas transitorias de reclusos tras
cobrar "coimas", el Parlamento votó ese año una ley para que la Justicia
resolviera qué internos gozarían de estos beneficios.
El presidente de la Asociación de Magistrados,
Rolando Vomero, indicó a El País que las salidas transitorias deben ser
autorizadas por un juez penal. "No estoy de acuerdo con que la autoridad
administrativa permita salir de una cárcel. En el pasado hubo abusos
policiales con ese tema. Hubo muchísimos casos", dijo el magistrado.
El juez penal Ricardo Míguez dijo a El País que, en
este momento, autoridades y funcionarios del Ministerio del Interior se
encargan de custodiar a los presos y agregó que, en distintas ocasiones,
existen problemas de convivencia entre ambas partes.
"Entonces, con este nuevo sistema, se podría
beneficiar a alguien que no lo merece. Esto puede dar lugar a
situaciones de mal manejo", afirmó Míguez.
La jueza Helena Mainard dijo que el nuevo sistema de
salidas transitorias posee aspectos favorables y desfavorables. Agregó
que el Ministerio del Interior tiene un mejor conocimiento del recluso
pero recordó que este está privado de libertad por disposición
judicial.
(El país) (Nud)
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