PABLO MELÉNDEZ
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, designó a dos abogados penalistas para que lo representen en las investigaciones en torno a Pluna. El secretario de Estado no hará uso de la potestad de declarar por exhorto e irá al juzgado.
Los abogados penalistas Amadeo Ottati y Mario Spangenberg asesorarán a Lorenzo, quien deberá declarar como indagado por el aval de US$ 13,6 millones que el Banco República le otorgó a la aerolínea española Cosmo para que ésta pudiera participar del remate de los siete aviones Bombardier que pertenecieron a la exPluna y que se realizó el 1° de octubre.
El ministro concurrirá a declarar ante la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez cuando sea citado, y no hará uso de la prerrogativa que prevé la legislación en función de su cargo de brindar testimonio por escrito o que los magistrados concurran a su despacho, dijeron fuentes del caso consultadas por El País.
Lorenzo será citado por la jueza De los Santos en las próximas semanas, antes del inicio de la Feria Judicial que comenzará el 24 de diciembre, agregaron los informantes.
Ottati y Spangenberg (ambos docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica) ya asumieron formalmente la defensa del ministro, dijeron las fuentes.
En agosto, Lorenzo declaró ante el juez Néstor Valetti en el marco de una denuncia presentada por el abogado Gustavo Salle quien pidió indagar las razones por las cuales el gobierno contrató a un estudio jurídico privado para analizar si el contratista Francisco Casal debe impuestos. En esa ocasión, Lorenzo fue representado por el penalista José Luis González.
La indagatoria en torno al aval que el Banco República le otorgó a la aerolínea española Cosmo fue iniciada de oficio por el fiscal Gómez.
El 6 de noviembre, declaró como indagado el presidente de la institución bancaria, Fernando Calloia, quien dio los detalles sobre el trámite que tuvo el aval de US$ 13,6 millones brindado a Cosmo, empresa que finalmente desistió de comprar los aviones.
En su declaración, Calloia mencionó que hubo gestiones de Lorenzo para que el Banco República otorgara el aval, y eso es lo que motivará la citación al ministro de Economía.
Lorenzo, en la interpelación a la que fue sometido en el Senado el 29 de octubre, reconoció: "Llamé al Banco República, como también llamé al Banco de Seguros del Estado".
ACTA. Por otro lado, ayer declaró como indagado el escribano Pablo Seitún, quien labró el acta notarial tras el remate realizado el 1° de octubre y en el cual Cosmo se quedó con el boleto de compra de los siete aviones de la exPluna tras ofertar US$ 137 millones.
"Me preguntaron sobre toda la actuación notarial que cupo en el proceso del remate y de todo el fideicomiso, y creo que se aclararon todos los aspectos que estaban en cuestión. Aclaré mi actuación en base a la normativa vigente que rige la labor notarial", dijo Seitún a El País luego de la audiencia.
En el acta que labró tras el remate, el escribano estableció que el emisario de Cosmo que participó de la subasta se llama "Antonio C. Sánchez" y lo identificó con un pasaporte español. El nombre real del empresario es Hernán Antonio Calvo Sánchez, pero Seitún justificó su accionar en que el implicado le dijo que su nombre habitual era "Antonio C. Sánchez".
Seitún declaró ante la jueza De los Santos y el fiscal Gómez representado por el abogado Renato Echeverría, socio del estudio del catedrático penalista Gonzalo Fernández, hombre de confianza de Tabaré Vázquez, en cuyo gobierno fue secretario de la Presidencia y ministro.
En principio, el escribano tenía previsto que su abogado fuera Alejandro Balbi, pero luego se inclinó por Echeverría, aunque negó que esa decisión haya obedecido a un pedido del fideicomiso de Pluna.
"QUE SEA VIABLE". Por su parte, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, quien está centralizando las negociaciones en torno a la exPluna, dijo que el plan para la nueva aerolínea "tiene que ser viable", y destacó que el proyecto presentado por los extrabajadores de la aerolínea es "razonable", pero tampoco se puede descartar que el sindicato se asocie con un capitalista privado.
"Por un concepto filosófico e ideológico me inclinaría por el plan de los trabajadores, pero no puedo descartar otras opciones", dijo Guerrero a El País. El presidente José Mujica le encomendó al jerarca desarrollar las negociaciones con vistas a formar una nueva aerolínea.
"Nuestro interés es que el negocio sea viable y estamos embarcados en eso, para que funcione una aerolínea de bandera y los trabajadores vuelvan a sus funciones", dijo el secretario de la Presidencia, quien estima que se deberá brindar algún subsidio a quien comience a usar los aviones, ya sea en el precio del combustible o en el valor de arrendamiento.
En el mismo sentido, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, reconoció ayer que la propuesta de los extrabajadores de Pluna "es prácticamente la única" que "ofrecería la posibilidad de tener una aerolínea de bandera".
Por eso, Pintado opinó que lo mejor es que el Estado alquile o venda los siete aviones al sindicato de la exPluna a un precio diferencial, pero sin que la nueva aerolínea cuente con gestión estatal.
El sindicato de Pluna estima que para poner en marcha su proyecto se requieren unos US$ 15 millones. Ese capital fue solicitado al Fondo para el Desarrollo (Fondes).
Envían proyecto para alquilar los aviones
La próxima semana, la Presidencia enviará al Parlamento el proyecto de ley que habilita al fideicomiso de Pluna a alquilar, vender o dar en leasing los siete aviones Bombardier de la aerolínea liquidada.
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, se inclina por la propuesta de los extrabajadores de Pluna, pero no descarta otras opciones, entre ellas, que el sindicato se asocie a un empresario privado. Para el jerarca se deberá dar algún subsidio a la propuesta que se elija para el uso de lo aviones, ya sea en el combustible o en el precio de arrendamiento.
"Trabajamos en la ley que le permita al fideicomiso disponer de las aeronaves para las compañías que ofrecieron sus propuestas o la que presentaron los trabajadores. Necesitamos que el legislador permita disponer de esas aeronaves, ya que hoy el fideicomiso no tiene esas potestades y sólo puede hacerles el mantenimiento", dijo Guerrero a El País.
Agregó que "en función de las compañías que se presentaron y el plan de negocios de los trabajadores" se resolverá la propuesta más conveniente. Dijo que hubo un aporte del Ministerio de Transporte, pero el tema se resolverá en la órbita de la Secretaría de la Presidencia.
Respecto al cobro del aval de US$ 13,6 millones presentado por la empresa española Cosmo para la reserva del boleto de compra de los aviones que finalmente no concretó, Guerrero informó que se están haciendo las notificaciones legales e intimaciones para cobrarlo.
El aval fue garantizado por la aseguradora argentina Boston, cuyos representantes se comunicaron semanas atrás con autoridades del gobierno y confirmaron que cubrirán el aval dado a Cosmo.
El País Digital
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