Maldonado afronta suba de delitos

Seguridad. La jueza Graziuso dijo que hay un aumento de delincuentes primarios. Llegan a diario familias y se instalan en asentamientos. La semana próxima se definirá estrategia para el verano

MARCELO GALLARDO

Con la firme aplicación de la ley de vagancia y otras medidas, las autoridades de Maldonado delinean una estrategia para garantizar la seguridad durante el verano frente a un fuerte aumento de los delitos derivado del crecimiento de asentamientos.

Maldonado ha registrado en los últimos tiempos un aumento de la población que reside en asentamientos, lo que trae aparejado un incremento de los delitos que la propia justicia califica como un "récord".

Ante ese escenario, la semana próxima operadores del sistema judicial y la Policía se reunirán para coordinar las tareas que se llevarán adelante durante la temporada de verano 2012-2013 en Punta del Este y el resto de la costa fernandina.

Dentro de las medidas que se definirán la semana próxima, se acordará cómo procederá la Policía y la Prefectura Naval con aquellas personas que lleguen al departamento durante el verano y que tengan antecedentes, carezcan de lo imprescindible para subsistir y puedan constituirse en potenciales delincuentes.

La jueza Adriana Graziuso, una de las participantes del encuentro de la semana próxima, señaló a El País que durante el verano -con más intensidad aunque la disposición se aplica todo el año- la Policía identificará a las personas en situación de calle y con antecedentes que lleguen al departamento para aplicar la ley de "Vagancia, mendicidad y estados afines" si resulta necesario.

Maldonado es el único departamento donde la Justicia aplica la ley 10.071 (aprobada el 14 de octubre de 1941) y que prevé la posibilidad de someter a medidas de seguridad a quienes define como "vagos", "mendigos", "ebrios y toxicómanos", o en "situación reveladora de inclinación al delito" (ver nota aparte).

En general, la Justicia de Maldonado ha aplicado la ley sobre las personas que llegan al departamento -que aseguran que cada vez son más- con antecedentes penales y sin tener un trabajo o un sustento mínimo para vivir.

"Se aplican de forma permanente los controles preventivos sobre las personas que lleguen en situación de calle, personas que ocupen espacios públicos o cuya conducta altere el orden o sea sospechosa de realizar actividades ilícitas", explicó Graziuso a El País.

Estos controles se llevan adelante por la Policía y la Prefectura, precisó la magistrada al señalar que en cada actuación se notifica de la misma a la autoridad judicial competente y de turno en el departamento.

Graziuso reveló que Maldonado afronta un fenómeno relativamente nuevo que amenaza la seguridad pública.

"Lo significativo es que muchas personas sin antecedentes empiezan a cometer su primer delito en Maldonado. Llegan y se instalan en los asentamientos de la ciudad con una vulnerabilidad enorme, sin la contención de su familia, sin posibilidades de trabajar y menos dónde quedarse. Son personas sin oficio ni preparación que terminan delinquiendo por una simple razón de subsistencia. Aquí tienen su primer antecedente", dijo. Cometen pequeños hurtos y se los procesa sin prisión. Generalmente la fiscalía pide medidas sustitutivas y son los propios implicados los que piden ser devueltos a sus departamentos de origen para cumplir la pena y con la prohibición de abandonar su domicilio. "Lo hacen porque saben que si permanecen aquí reincidirán", explicó la magistrada. No obstante, dijo que además de la ley de medidas sustitutivas también tiene la de "Vagancia" a disposición para retirar del departamento a los delincuentes o a quienes reúnen las condiciones que exige la ley.

Graziuso dijo a El País que los juzgados del departamento asisten a un "récord" de denuncias, la enorme mayoría por hurtos y arrebatos. "Lo que está ocurriendo es un problema para Maldonado porque el crecimiento de la población es constante, cada día hay un ingreso importante de familias al departamento. Generalmente van a asentamientos o terrenos municipales", afirmó la jueza.

Del encuentro de la semana próxima participarán los cuatro jueces con competencia penal que tiene el departamento, dos de Maldonado y dos de San Carlos, los cuatro fiscales letrados, tres de Maldonado y uno de San Carlos, y los integrantes de la fuerza policial. La reunión será precedida por una jornada de trabajo que realizará la Jefatura de Policía de Maldonado en la presente jornada y de la que tomarán parte el comando, los titulares de las direcciones y de las comisarías de todo el departamento.

Durante el encuentro de trabajo entre jueces, fiscales y policías se ajustarán los procedimientos y se coordinara toda la actividad de prevención y represión que se ejecutará a partir del inicio de la temporada.

LEY DE VAGANCIA

La ley de "Vagancia, mendicidad y estados afines" prevé que podrán ser sometidos a medidas de seguridad: a) los vagos, considerándose tales los que no teniendo medios lícitos de subsistencia, no ejerzan profesión u oficio y, siendo aptos para el trabajo, se entreguen a la ociosidad; b) los mendigos, considerándose tales los que, siendo aptos para el trabajo, se dedicaren -de modo habitual- a mendigar públicamente o, estando inhabilitados por invalidez, enfermedad o vejez, lo hicieren en lugares donde hubiere establecimientos destinados a asilarlos o socorrerlos; y los que vivan habitualmente de la mendicidad ajena, exploten a menores, enfermos o lisiados, o los instiguen a mendigar; c) los ebrios y toxicómanos habituales, que se embriaguen o intoxiquen en lugares públicos, y aun en lugares privados cuando -en ese estado- alteren el orden y constituyan un peligro para los demás; d) los proxenetas; e) los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada por el trato asiduo y sin causa justificada, de delincuentes y personas de mal vivir, o por frecuentación -en las mismas condiciones- de lugares donde aquéllos se reúnan; y f) los que, requeridos legítimamente por la autoridad, no justifiquen la procedencia del dinero o efectos que guarden en su poder o que hubieren entregado a otros para su inversión o custodia, y también aquellos que, sin causa justificada, oculten su verdadero nombre, disimulen su personalidad, o usen o tengan documentos de identidad falsos u oculten los propios.

MPP pide acelerar proyectos

El Movimiento de Participación Popular (MPP) planteó el martes en la bancada del Frente Amplio de Diputados su preocupación por el retraso en la aprobación de los proyectos de seguridad que presentó el gobierno en junio. Fuentes que participaron en la reunión dijeron a El País que se manifestó preocupación porque varios proyectos, como la internación compulsiva, "siguen trancados en el Senado" cuando debían quedar sancionados antes de finalizar el año.

En tanto, la Comisión de Constitución y Códigos votó ayer la iniciativa de gobierno por la cual las víctimas y familiares de delitos violentos percibirán una pensión de hasta seis Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC). La pensión puede ser reclamada desde el año 2002 y siempre que el reclamo se haga dentro del plazo perentorio de ciento ochenta días posteriores a su vigencia.

El fondo de reparación se pagará en casos de homicidio en ocasión de delitos de rapiña, copamiento o secuestro.

El País Digital