FEDERICO CASTILLO
"Tuve que abortar en forma quirúrgica, clandestinamente y pagando", dice Laura Galván, la mujer que denunció al MSP porque no pudo completar la interrupción del embarazo en los plazos legales por fallas en el medicamento que se le recetó.
Laura asegura que, por fin, después de "varios días de estrés", se siente "aliviada". El martes pasado concretó en forma ilegal, clandestinamente y pagando US$ 750 un aborto cuyo proceso había comenzado hace semanas con todas las de la ley, al amparo de la actual norma que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo,
La mujer, de 42 años y oriunda de Las Piedras, había consultado en el hospital local al límite de la edad gestacional permitida por ley (12 semanas). Pero no pudo realizarse el aborto porque en dos oportunidades le falló el medicamento recetado para la interrupción: el misoprostol.
Cuando volvió al ginecólogo le comunicaron que no podían interrumpirle el embarazo por estar pasada de las 12 semanas. El asunto disparó la polémica y se debatió bastante sobre los "grises" de la normativa. Hasta la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, opinó que su caso debería haberse contemplado. El subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, dijo que investigaría el caso pero aclaró: "la ley no da lugar a dudas y si se pasan los plazos no se puede realizar".
Mientras todos hablaban sobre lo que se debía hacer o no, Laura decidió continuar, fuera de la ley, con lo que había empezado. Pidió préstamos de aquí y de allá, consiguió el dinero y abortó.
"Aborté en forma quirúrgica e ilegal. Con dinero y clandestinamente. Si fuera por el lado legal tendría que haber seguido con el embarazo y a lo mejor hubiera recibido apoyo psicológico si el nene nacía con problemas", dijo Laura Galván a El País desde su casa en la ciudad de Las Piedras.
Lo primero que hizo la mujer cuando supo que su aborto no podía ser completado por estar fuera de los plazos legales, fue averiguar cuáles eran los riesgos futuros para la criatura.
"El niño tenía un 80% de probabilidades de tener malformaciones y problemas neurológicos, una barbaridad", dice.
Buscando información se enteró que hay una enfermedad típica en los niños que nacen tras las fallas por uso de misoprostol con fines abortivos. Se llama el Síndrome de Moebius. "Dicen que es `una vida sin sonrisas`, que no iba a poder sonreír, ni fruncir el ceño, y no iba a tener movilidad en los ojos. Y eso era lo más leve que le podía pasar".
Esta situación la tenía "estresada". "No podía esperar más tiempo", recuerda. Laura entiende que la interrupción del embarazo en una edad gestacional avanzada "ya es un asesinato". Y ahora, con las cartas vistas, reconoce que "si no hubiese tomado esas pastillas" y alguien le aseguraba que el bebé iba a nacer sin secuelas hubiese llevado a término el embarazo después de todo.
"Fue un peso psicológico importante. Tengo pesadillas de ver nacer a un bebé mal. Pero ahora estoy bien. Después de haberlo solucionado fue un alivio. Para todos: mi madre, mi esposo. Mi madre tiene casi 80 años y estaba al borde de una crisis, muy nerviosa. Fueron demasiadas cosas en una semana. Fue muy estresante", insiste.
Laura, que tiene un hijo adolescente, se enteró que estaba embarazada el 20 de diciembre. Junto a su pareja, que tiene tres hijos, decidió no seguir adelante.
"Fue por un tema de mi edad, pero sobre todo por problemas económicos. Yo me entero el 20 de diciembre y no tenía ni para comprar un juguete para Navidad".
Pero además de la edad y la plata, lo que pesó para que tomara la decisión de abortar fue el respaldo legal que iba a tener con la flamante normativa sobre el aborto. Algo que ahora la decepciona. "Pensamos que iba a ser todo con un apoyo. Si hubiese sabido esto que pasó, ni lo intento", cuestiona.
JUICIO. Laura sigue firme en su intención de entablarle un juicio al Ministerio de Salud Pública (MSP) por mala praxis.
"Al principio lo dudé, pero mucha gente me dijo de hacerlo, que siga adelante y lo voy a hacer. Yo estoy contenta por haber solucionado lo mío, pero que paguen por todos los malos momentos que me hicieron pasar", dice.
Su abogado, Nelson Asqueta, dijo a El País que en febrero, cuando termine la feria judicial, presentarán la demanda.
Más allá de la posible mala praxis, lo que cuestiona Laura es la pasividad de las autoridades sanitarias con su caso.
"Ni siquiera se preocuparon. El sistema a mí no me llamó para nada, para decirme: vení, vamos a hablar. Cuando estaba la posibilidad de tener que llevar el embarazo a término, yo consulté en el Hospital de Las Piedras para asegurarme si el niño iba a tener daños. Y todo lo que me dijeron es porque yo pedí que me lo explicaran, si no, ni se molestaban. Por lo menos el equipo médico que me atendió me tendría que haber llamado para darme apoyo psicológico", critica.
En una nota publicada por El País el sábado 12, antes de concretar el aborto, la mujer ya anunciaba el juicio y argumentaba que empezaron a aplicar la ley sin tener el personal informado. "Me tendrían que haber explicado, porque para habilitar la ayuda tienen que contar con el personal capacitado. Conmigo falló porque recién se estaba importando la medicación", explicó la paciente en referencia a la mifepristona, que es el otro fármaco que se usa en combinación con el misoprostol para garantizar mayores resultados en la interrupción de un embarazo.
El catedrático de ginecología grado 5, Justo Alonso, explicó en ese momento que las chances de que el embarazo no se interrumpa con la combinación del misoprostol y la mifepristona varían desde el 1% hasta el 2% de los casos. Pero si se administra solo misoprostol la posibilidad de que el aborto no se produzca aumenta al 5%.
"Esto lo que evidencia una vez más es que el decreto reglamentario se sacó muy a las apuradas y que fue aprobado antes de que hubiera mifepristona. El caso de esta señora es paradigmático de las fallas que tiene el decreto reglamentario y de que el sistema no está preparado; porque muchas mujeres se enteran del embarazo recién cuando están de 11 semanas", explicó el catedrático.
En tanto, el presidente de la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay, Gustavo Ferreiro, opinó que "quizás el hecho de no haber administrado mifepristona fue lo que alteró un poco la respuesta" en el caso de la mujer de Las Piedras.
El MSP había resuelto en los últimos días no hacer más declaraciones sobre este caso para no abonar a la polémica.
Cónclave de ginecólogos para analizar la objeción de conciencia
El Ministerio de Salud Pública (MSP) busca zanjar definitivamente la polémica instalada por el elevado número de objeciones de conciencia por parte de los ginecólogos para evitar hacer abortos, y los cuestionamientos que han existido sobre cuán fundamentadas están esas posturas. En marzo se realizará un taller con todos los ginecólogos del país para analizar y debatir estas cuestiones.
El subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, invitó a participar de este cónclave al Colegio Médico del Uruguay, una institución creada hace pocos meses para regular las cuestiones éticas de la profesión.
Hace unos días, el Colegio Médico se expresó sobre el tema. En una declaración emitida la semana pasada, el organismo señala que la objeción de conciencia es "un derecho humano fundamental cuya plena vigencia expresa la salud democrática de un país". Pero advierte que el ejercicio de este derecho no debe "lesionar otros derechos humanos fundamentales, para el caso, los correspondientes a la mujer gestante que ha solicitado la interrupción de su embarazo".
El País Digital
